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El artículo 8 del Código del Trabajo establece la definición del contrato individual del trabajo, del cual se desprenden 4 elementos. Conócelos aquí.
El COGP en el artículo Art. 41 establece que los procuradores judiciales son mandatarios con poder para representar a las partes (actor o demandado) en un proceso judicial. Las personas que pueden comparecer por sí mismas en un proceso también pueden nombrar procuradores.
El derecho de reversión fue incorporado con la reforma del año 2017 a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, reconociendo la posibilidad de solicitar la reversión cuando la Administración pública no haya destinado el bien expropiado para los fines expresados en la declaratoria de utilidad pública y de interés social, dentro del plazo de 2 años desde la inscripción de la transferencia de dominio en el Registro de la Propiedad.
Finalidades del hábeas corpus, motivación de las decisiones judiciales y diferencias entre la privación de libertad ilegal, ilegítima y arbitraria.
El principio de mínima intervención judicial de la justicia ordinaria en el arbitraje limita la intervención injustificada, uno de sus efectos es la taxatividad que tienen las causales de la acción de nulidad.
La Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica Reformatoria para la Erradicación de la Violencia y el Acoso en todas las Modalidades de Trabajo, por medio de la cual establece modificaciones, tanto al Código del Trabajo como a la Ley Orgánica del Servicio Público.
En esta sentencia de la Corte Constitucional ¿existe progresividad o restricción en la protección de derechos laborales en el sector público?
El cheque es un título o instrumento de pago ampliamente utilizado en las transacciones comerciales, la ley permite formas, tiempos y procedimientos para el cobro, sin embargo, cuando un cheque es devuelto o no puede ser cobrado, el beneficiario puede recurrir a la vía judicial para hacer efectivo su cobro.
Invierte o adquiere una vivienda a través de remates judiciales.
En Ecuador, los gobiernos provinciales, metropolitanos y municipales (GADs) pueden declarar la expropiación de bienes, siempre que, el objeto a ejecutar sea alguno de los señalados en el Código Orgánico de Organización, Autonomía y Descentralización (COOTAD) y siga el procedimiento establecido para tal efecto, respetando las garantías que comprenden el debido proceso.